Puerto Barú: Organizaciones ambientalistas reaccionan tras fallo de la Corte Suprema
Colectivos exigen reubicación del proyecto para proteger ecosistemas en David, Chiriquí
Seis organizaciones ambientalistas de Panamá manifestaron su respeto al fallo de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, que negó la nulidad del Estudio de Impacto Ambiental del proyecto Puerto Barú en David, Chiriquí. Sin embargo, insistieron en que su lucha no es contra el proyecto en sí, sino por su reubicación para evitar daños a los manglares y la biodiversidad local.
Pronunciamiento de las organizaciones ambientalistas
El Centro de Incidencia Ambiental (CIAM), Adopta Bosque Panamá, Centro de Estudios y Acción Social Panameño (Ceaspa), Fundación Panacetacea, Proyecto Primates Panamá y Fundiccep emitieron un comunicado oficial tras conocer la resolución judicial.
Aunque aceptaron la decisión de la Corte Suprema, aclararon que su demanda original no buscaba demostrar un traslape entre el proyecto y el área de manglar, sino evidenciar que el polígono del proyecto, incluido el canal de navegación, invade zonas protegidas.
Además, expresaron preocupación porque el fallo establece un precedente que podría limitar la participación ciudadana en procesos ambientales. Criticaron que el Ministerio de Ambiente considere suficiente el simple archivo de observaciones públicas para cumplir con las obligaciones del Acuerdo de Escazú, el tratado regional que garantiza acceso a la información, participación y justicia ambiental.
Proyecto Puerto Barú y sus implicaciones
El proyecto Puerto Barú, con una inversión privada estimada en 250 millones de dólares, busca fortalecer la infraestructura logística en la Región Occidental y ampliar la conectividad comercial en la provincia de Chiriquí. La iniciativa cuenta con la validación de la Resolución DEIA-IA-0003-2024 emitida por el Ministerio de Ambiente.
Los promotores destacan el potencial económico y la competitividad regional que traerá este desarrollo, mientras que los grupos ambientalistas insisten en la necesidad de reubicar el proyecto para evitar impactos directos en los manglares, ecosistemas vitales para la protección costera y la biodiversidad marina.
Llamado a la precaución y seguimiento internacional
Las organizaciones reafirmaron su compromiso con la defensa ambiental basada en la normativa vigente y evidencia científica. Recordaron que el análisis de la Sala Tercera se limitó a aspectos procesales y reiteraron el llamado a las autoridades para que consideren rigurosamente el principio precautorio.
Asimismo, destacaron la solicitud activa del Comité de Patrimonio Mundial de la UNESCO para que se reevalúen las posibles repercusiones del proyecto sobre el Parque Nacional Coiba, un área protegida y Patrimonio Mundial que será objeto de un informe que se entregará el 1 de diciembre. Este organismo recomienda evaluar cualquier daño grave o irreversible que pudiera derivarse del desarrollo portuario.
Para conocer más sobre el Acuerdo de Escazú, que regula la participación ciudadana en temas ambientales en América Latina, se puede consultar el sitio oficial de la Organización de las Naciones Unidas.
La resolución de la Corte Suprema marca un hito en la disputa entre desarrollo económico y conservación ambiental en Panamá, un tema que seguirá vigente conforme avancen las obras y se evalúen sus impactos reales en los ecosistemas costeros de la región de Chiriquí.
