La reforma laboral impulsada por el presidente Javier Milei avanzó en el Congreso argentino en medio de paros y protestas sindicales. La iniciativa obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados, aunque deberá regresar al Senado tras la eliminación de un artículo vinculado a licencias por enfermedad. El debate parlamentario coincidió con una huelga general convocada por la Confederación General del Trabajo (CGT) y movilizaciones frente al Palacio Legislativo.

El proyecto propone modificaciones estructurales en la organización del trabajo. Entre los puntos centrales figura la posibilidad de extender la jornada diaria hasta 12 horas sin pago de horas extra, siempre que no se exceda el límite semanal de 48 horas y se respete el descanso mínimo. Se crea además un banco de horas para compensar tiempo adicional con días libres. La reforma también redefine el cálculo de las indemnizaciones por despido, excluyendo conceptos como premios o vacaciones, y habilita un fondo de cese laboral financiado con aportes patronales ya existentes.

Otro eje relevante es la ampliación de los servicios considerados esenciales —como educación y aduanas— lo que restringe el derecho a huelga en esos sectores. Asimismo, se introducen cambios en la ley de asociaciones sindicales y beneficios fiscales para empresas que incorporen trabajadores formales, con el objetivo declarado de reducir la informalidad, que afecta a casi la mitad de la fuerza laboral.

El oficialismo sostiene que la normativa vigente, basada en la ley de 1974, quedó desfasada frente a las transformaciones económicas y tecnológicas. Argumenta que la elevada litigiosidad y los costos asociados a despidos desincentivan la contratación formal y que la reforma generará previsibilidad para el sector privado. Desde la Casa Rosada se define el paquete como un “punto de inflexión” para modernizar el mercado laboral.

Las críticas, sin embargo, apuntan a un presunto retroceso en derechos adquiridos. Referentes sindicales y dirigentes opositores, entre ellos el bloque Unión por la Patria, sostienen que la iniciativa debilita la posición del trabajador en la negociación individual y facilita despidos. Gobernadores de varias provincias también expresaron reparos. En un país con fuerte tradición sindical, el debate excede lo técnico y expone una disputa de fondo sobre el rol del Estado en la regulación del empleo y el equilibrio entre competitividad y protección social.