Argentina: denuncian medida persecutoria de Jorge Macri contra docentes disfrazada de “controles médicos”
Gremios alertan que operativos médicos en escuelas públicas de la Ciudad buscan intimidar y restringir derechos laborales
En Buenos Aires, el gobierno de la Ciudad encabezado por Jorge Macri implementó en 2026 dos operativos médicos dirigidos a docentes de escuelas estatales con la intención oficial de regularizar aptos médicos psicofísicos y prevenir enfermedades. Sin embargo, sindicatos y asociaciones docentes denuncian que estas acciones son una nueva medida persecutoria que busca intimidar a los maestros, limitar el acceso a licencias médicas y controlar las condiciones laborales, en un contexto donde una empresa privada vinculada a la gestión rechazó miles de licencias en 2025.
Detalles de la medida y contexto
La Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y Finanzas porteño anunció la evaluación médica para docentes que, según sus registros, no cuentan con el apto psicofísico correspondiente. Se asignarán turnos individuales para realizar las revisiones.
No obstante, desde los gremios docentes, como la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE-CTERA) y Ademys, advierten que no se trata de una política preventiva real, sino de un mecanismo de control. Pablo Francisco, secretario de Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo de UTE-CTERA, declaró para Tiempo Argentino que la medida se inserta en una política que ya restringe licencias médicas, elimina tareas pasivas y genera condiciones laborales hostiles.
Por su parte, Sofía Bonder, del equipo de condiciones laborales de Ademys, calificó la iniciativa como una “hipocresía total” que pretende disciplinar a los docentes, quienes enfrentan jornadas laborales extensas, falta de recursos y una obra social debilitada. Recordó que en 2025 más del 75% del personal evitó solicitar licencias por temor a que fueran rechazadas y que la mayoría de ellos debe acudir a atención médica privada.
Controversia en torno a la empresa privada DIENTS
Este operativo se produce tras revelarse que en 2025 la empresa privada DIENTS, encargada de gestionar las licencias médicas docentes, cobró más de 7 mil millones de pesos y fue denunciada por administración fraudulenta. De casi 2,600 revisiones, 1,843 licencias rechazadas fueron admitidas como erróneas por el gobierno, lo que evidencia un manejo polémico y restrictivo del derecho a la salud laboral.
Los sindicatos insisten en que la salud de los docentes debe ser una prioridad y que el Estado debe garantizar condiciones laborales dignas, respetar indicaciones médicas y asegurar la estabilidad laboral sin recurrir a medidas que limiten derechos fundamentales.
Para mayor información sobre normativas laborales y derechos docentes, se puede consultar el portal oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Estas denuncias se enmarcan en un contexto de creciente tensión entre las autoridades porteñas y los trabajadores de la educación, quienes reclaman mejoras en sus condiciones laborales y una política sanitaria genuina que no ponga en riesgo su estabilidad ni su salud.
