Exfuncionarios de comercio de EE.UU. piden anular aranceles del 50% a Canadá
Tres exfuncionarios clave, incluido un negociador de TLCAN, acusan a Trump de usar una ley obsoleta para imponer aranceles
Tres exfuncionarios de alto rango en comercio exterior de Estados Unidos, entre ellos Carla Hills, negociadora principal del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), solicitaron a un tribunal federal anular los aranceles del 50% impuestos por el presidente Donald Trump a productos canadienses. En un escrito legal presentado el 11 de noviembre ante la Corte de Comercio Internacional de EE.UU., advirtieron que la administración Trump invocó una ley de 1930, la Sección 338 del Acta de Aranceles Smoot-Hawley, que consideran superada por normativas más recientes. Esta acción omite salvaguardas establecidas por el Congreso y podría afectar las negociaciones comerciales entre Estados Unidos y Canadá.
Controversia sobre la base legal de los aranceles
La Sección 338 del Acta de Aranceles Smoot-Hawley autoriza aranceles de hasta 50% contra países que discriminan el comercio estadounidense, sin exigir investigaciones ni consultas públicas. Sin embargo, los exfuncionarios argumentan que esta disposición fue reemplazada por la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, que incluye procesos más rigurosos para abordar prácticas comerciales injustas.
“La Sección 338 del Acta de Aranceles de 1930 no está dormida; está muerta”, señalaron en el escrito legal.
Este documento respalda una demanda presentada por Gellert Global Group, importador con sede en Nueva Jersey, que cuestiona los aranceles y busca la devolución de pagos a importadores estadounidenses. La demanda está representada por el Liberty Justice Center.
Impacto y represalias comerciales
El 20 de julio de 2026, Trump anunció aranceles adicionales del 50% sobre casi 20 mil millones de dólares en productos canadienses, incluyendo vino, muebles, equipo de hockey, ropa y maquinaria, aplicados a partir del 22 de agosto. Canadá respondió con aranceles de entre 15% y 50% sobre productos estadounidenses como lácteos, acero, muebles y electrónicos, vigentes desde el 8 de septiembre.
Las tensiones comerciales persisten mientras ambos países continúan negociaciones para resolver el conflicto, aunque las diferencias sobre el futuro de su relación comercial siguen siendo un obstáculo.
Exfuncionarios critican la falta de procedimientos y posibles consecuencias
Carla Hills, Alan Wolff – quien ayudó a redactar la Sección 301 – y Warren Maruyama, exasesor legal del representante comercial, enfatizan que el Congreso diseñó salvaguardas para proteger a empresas y consumidores de guerras comerciales. Critican que la administración Trump haya elegido una ley antigua para evitar los procedimientos establecidos en la legislación más reciente.
“La Rama Ejecutiva no puede tratar las leyes como un menú, eligiendo qué versión aplicar según conveniencia o preferencias políticas”, indican en el escrito.
Asimismo, advierten que el uso continuado de la Sección 338 podría convertirse en una “arma masiva” para imponer aranceles arbitrarios, elevando precios para millones de hogares en Estados Unidos y debilitando el control del Congreso sobre el poder presidencial.
Sara Albrecht, directora del Liberty Justice Center, comentó a Newsweek que la intervención de estos exfuncionarios aporta una perspectiva crucial sobre los límites de la autoridad presidencial en materia comercial.
Por su parte, Lachlan Wolfers, socio de KPMG Law en Canadá, destacó que la administración Trump está apostando por un poder poco conocido y nunca probado, a pesar de una reciente decisión de la Corte Suprema que reafirma la primacía del Congreso en la imposición de aranceles.
Comparación con la política comercial hacia China y detalles adicionales
Los exfuncionarios reconocen que la administración Trump realizó una investigación y audiencias públicas antes de imponer aranceles a China, acción que tuvo amplio respaldo. En contraste, argumentan que los aranceles contra Canadá carecieron de tales procedimientos, provocando una fuerte reacción pública y política.
También cuestionan si las medidas canadienses cumplen con la definición legal de discriminación contra el comercio estadounidense, ya que las restricciones suelen aplicarse también a otros países.
Además, indican que bajo el Acuerdo Estados Unidos–México–Canadá (USMCA), negociado durante la primera administración Trump, exportadores estadounidenses gozan de un trato más favorable que otros competidores.
Los exfuncionarios critican que Trump justificara los aranceles basándose en medidas canadienses que fueron introducidas en represalia a aranceles previos estadounidenses, y señalan que la administración no demostró daños concretos causados por las políticas comerciales canadienses antes de imponer tarifas.
Perspectivas y negociaciones en marcha
El secretario del Tesoro de EE.UU., Scott Bessent, expresó optimismo sobre la posibilidad de acuerdos comerciales con Canadá y México, mientras que la ministra canadiense de Relaciones Exteriores, Anita Anand, reiteró que Ottawa solo aceptará acuerdos que protejan sus intereses y soberanía.
La administración Trump tiene hasta el 11 de diciembre para responder a la solicitud de fallo sumario presentada por Gellert Global Group.
Para más información sobre las normativas comerciales y su evolución, puede consultarse el sitio oficial del Departamento de Comercio de EE.UU..
Este caso representa un capítulo importante en la disputa comercial entre Estados Unidos y Canadá, y podría sentar un precedente sobre el alcance del poder presidencial para imponer aranceles sin la intervención del Congreso. Las negociaciones continuarán siendo clave para definir el futuro de esta relación económica.
Image Source: https://www.newsweek.com/donald-trump-canada-tariffs-former-trade-officials-12711682
