Republicanos y libertarios presionan al Gobierno por indultos a uniformados condenados antes del 18-O
Debate intenso en Chile sobre indultos y trato humanitario a presos en vísperas del aniversario del estallido social
A pocos días de conmemorarse el séptimo aniversario del estallido social en Chile, el senador Arturo Squella y sectores republicanos y libertarios aumentan la presión sobre el Gobierno de José Antonio Kast para que conceda indultos a uniformados condenados por hechos ocurridos durante las protestas de 2019. Paralelamente, la exministra Carolina Tohá propone un enfoque humanitario para presos terminales, que no dependa del indulto presidencial, generando un debate político y social en torno a la justicia, los derechos humanos y el tratamiento de los condenados.
Presión política para indultar a uniformados condenados
El presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, reafirmó la petición para que el Ejecutivo se pronuncie sobre el destino de los policías condenados por acciones vinculadas al estallido social. En entrevista con Radio Agricultura, Squella calificó como una “injusticia enorme” que uniformados que, a su juicio, solo cumplían con su deber estén privados de libertad.
El senador defendió el indulto presidencial como una posible vía para modificar el cumplimiento de algunas condenas y aseguró que el Gobierno está estudiando los casos. Esta posición coincide con una presión creciente de grupos libertarios que esperan un gesto del mandatario antes del 18 de octubre, fecha simbólica para el país. Sin embargo, la decisión definitiva sigue en manos de La Moneda.
Propuesta humanitaria para presos terminales
En otro frente del debate, Carolina Tohá planteó la necesidad de que las personas condenadas en fase terminal puedan pasar sus últimos días en casa, sin que esto dependa exclusivamente de un indulto presidencial. En una entrevista con T13 En Vivo, la exministra sostuvo que esta medida debería establecerse como un criterio humanitario independiente de la intervención política.
Tohá fue enfática al señalar que, aunque los crímenes de derechos humanos deben mantenerse imprescriptibles y perseguidos siempre, el estándar humanitario no debe bajar para nadie, ni siquiera para quienes cometieron delitos graves. Además, advirtió sobre los riesgos jurídicos y políticos de usar el indulto para estos fines, ya que una vez concedido no podría revertirse si se comprobara que el condenado no estaba en fase terminal. Propuso que sean los tribunales quienes establezcan criterios claros y uniformes para estos beneficios.
Reacciones y tensiones en el Congreso
La discusión ha generado reparos en distintos sectores, especialmente por el temor de que el argumento humanitario se utilice para una revisión política de condenas por violaciones a los derechos humanos. La senadora Fabiola Campillai rechazó equiparar estos delitos con los comunes y afirmó que “toda enfermedad real debe ser atendida con la seriedad que corresponde, pero no podemos usarla como una moneda de cambio”.
Por su parte, la diputada Lorena Pizarro, del Partido Comunista, criticó duramente las propuestas de Tohá y otros parlamentarios, calificándolas de “gravísimas” y señalando que son “impresentables” cuando se trata de enfrentar el legado de la dictadura cívico-militar.
Contexto y desafíos para el Gobierno
A pocos días del nuevo aniversario del 18-O, el presidente José Antonio Kast enfrenta un dilema político: debe decidir entre atender las demandas identitarias de su base de apoyo, que pide indultos para los uniformados, o concentrarse en asuntos que preocupan a la mayoría de la ciudadanía. Esta tensión refleja la complejidad de abordar las secuelas del estallido social, donde convergen justicia, memoria, derechos humanos y políticas de reconciliación.
Para comprender mejor el marco de los derechos humanos y las responsabilidades del Estado, es útil consultar las directrices y recomendaciones oficiales sobre este tema, como las que ofrece la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU en who.int.
Este debate sobre los indultos y el trato humanitario en el sistema penitenciario chileno muestra las profundas divisiones políticas que persisten a siete años del estallido social, y cómo temas de justicia transicional continúan siendo un desafío para la democracia y el Estado de derecho en el país.
