El proyecto de reforma política, que busca combatir la fragmentación del Congreso, no alcanzará a ser tramitado antes de la fecha límite para la inscripción de primarias parlamentarias y presidenciales. A pesar de que se esperaba un acuerdo final la semana pasada, el proyecto podría ser votado en el Senado solo esta semana, en el mejor de los casos.
El debate en la Comisión de Constitución, presidida por la senadora Paulina Núñez (RN), ha sido más complejo de lo anticipado. Aunque la reforma ya cuenta con apoyo político transversal en la Cámara Alta, que incluye desde el PS hasta la UDI, pasando por el PPD, Evópoli y RN, el proyecto ha encontrado obstáculos técnicos que han retrasado su avance.
En su núcleo, la reforma propone un umbral para que los partidos obtengan representación en la Cámara de Diputados y establece causas para la cesación del cargo de los parlamentarios que incumplan con las normas. Sin embargo, el debate sobre la viabilidad de una norma transitoria para permitir que los partidos que no superen el umbral constitucional puedan fusionarse para las elecciones de este año ha paralizado el proceso.
Este retraso ha generado un nuevo problema: aunque el Senado despache la reforma esta semana, solo quedará una semana (del 21 al 25 de abril) para que la Cámara de Diputados la analice y apruebe antes de la fecha límite para la inscripción de primarias, que requiere que los partidos definan sus pactos electorales.
Si la Cámara realiza modificaciones al texto, este regresaría al Senado y, probablemente, se requeriría una comisión mixta para resolver discrepancias, lo que extendería aún más el proceso. Por esta razón, es prácticamente imposible que la reforma se convierta en ley antes de finales de abril.
El Congreso entra en receso por la semana de trabajo territorial en los últimos días de abril, y según el calendario del Servicio Electoral, la fecha límite para declarar pactos para las primarias es el 30 de abril a las 23:59.
Aunque los principales conglomerados (Chile Vamos y la coalición de gobierno) aún no han decidido si realizarán primarias parlamentarias, cualquier modificación en la Constitución relacionada con los procesos electorales afectaría a aquellos partidos que hayan optado por este mecanismo para elegir a sus candidatos al Congreso.
Ante la incertidumbre sobre el marco jurídico para las elecciones de noviembre, los partidos podrían optar por descartar las primarias y esperar hasta la próxima fecha de declaración de pactos, a finales de julio, para presentar a sus candidatos directamente.
La senadora Paulina Núñez, presidenta de la comisión encargada de la reforma, señaló que espera despachar el proyecto el lunes o martes para que se pueda discutir en la sala del Senado esta semana. Sin embargo, algunos diputados, especialmente aquellos que se oponen a los efectos que tendría la reforma en la supervivencia de partidos más pequeños, han expresado su preocupación por el proceso.
Miguel Ángel Calisto, presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, afirmó que no ve viabilidad en la reforma, especialmente con las elecciones tan cercanas. “Mientras yo sea presidente de la comisión, no avanzaremos con esta reforma,” sostuvo.
La propuesta de establecer un “umbral” para combatir la fragmentación política, que surgió durante el último proceso constituyente, ha sido impulsada por un grupo transversal de senadores del PS, PPD, RN, Evópoli y la UDI. La propuesta establece que los partidos deberán obtener al menos ocho parlamentarios o el 5% de los votos a nivel nacional para acceder a escaños en la Cámara de Diputados. Los partidos que no alcancen este umbral perderían sus escaños, los cuales se redistribuirían entre los partidos del mismo pacto electoral.
La reforma también contempla que si un partido que no alcanza el umbral compite sin aliados, los escaños no se distribuirían entre otros partidos, sino que quedarían vacantes.
Por el momento, la reforma no afecta a los candidatos al Senado, independientemente de si sus partidos cumplen con los requisitos.
Además, la reforma incluye otras disposiciones, como la pérdida de escaño para aquellos parlamentarios que renuncien a su partido o comité, y una propuesta del gobierno, apoyada por el Frente Amplio, que extiende esta sanción a los legisladores expulsados. No obstante, esta medida incluiría una cláusula de apelación ante tribunales electorales.
Aunque las propuestas del gobierno no fueron rechazadas de manera tajante, los senadores acordaron tomarse un par de días más para redactar una nueva versión que sea aceptable tanto para el Ejecutivo como para la mayoría del oficialismo y la oposición.
Fuente: La Tercera
