En una histórica presentación ante las comisiones de Justicia de las cámaras legislativas, el presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Henry Molina, detalló este jueves los principales logros del Poder Judicial en el periodo 2019-2024. Estos avances incluyen la reducción de la mora judicial, el fortalecimiento del acceso a los servicios judiciales y una mayor transparencia institucional.
Molina destacó que este encuentro, impulsado por el Poder Judicial, no solo es un gesto simbólico, sino un reflejo del espíritu republicano que promueve el diálogo y la cooperación entre los distintos poderes del Estado para atender las necesidades de la ciudadanía.
En cuanto a la reducción de la mora judicial, el presidente de la SCJ informó que en el programa “Cero Mora” se resolvieron 48,717 recursos de casación, eliminando casos pendientes desde antes de 2023. A finales de 2024, la Segunda Sala de la SCJ logró la meta de mantener todos los casos con menos de seis meses de antigüedad, poniendo fin a 42 años de acumulación de expedientes.
"Al cierre de marzo de 2025, el 72% de los tribunales en el país estarán al día, lo que significa que la mayoría de los tribunales han dejado atrás la mora judicial", señaló Molina.
Otro avance relevante fue la implementación de la Ley Núm. 339-22, que regula el uso de medios digitales en los procesos judiciales, y el Sistema de Gestión de Casos (SGC), que ha simplificado la tramitación electrónica de expedientes, mejorando la transparencia y la eficiencia. Desde 2020, se han firmado más de cinco millones de documentos de manera digital, y el expediente digitalizado alcanzó el 100% de los casos.
El presidente de la SCJ también mencionó la implementación de audiencias virtuales en tribunales civiles, comerciales, laborales y el Tribunal Superior Administrativo (TSA), de acuerdo con la ley 339-22, y la adopción del sistema de transcripción automática en 31 tribunales, lo que ha reducido en un 80% el tiempo para elaborar las actas de audiencia.
Molina resaltó como una de las grandes victorias la inauguración del Palacio de Justicia en Jarabacoa, que beneficia a más de 57,000 personas, y la futura apertura de la Ciudad Judicial de Santo Domingo Este, que atenderá a unos 800,000 ciudadanos. Además, destacó el progreso en el Registro Inmobiliario, que ha emitido más de 200,000 títulos de propiedad en los últimos cuatro años, en línea con el Plan de Titulación del Poder Ejecutivo.
El presidente de la SCJ también presentó el lanzamiento del Observatorio del Poder Judicial, una plataforma que busca promover la transparencia, la participación ciudadana y la rendición de cuentas. Este proyecto se complementa con la co-creación del Plan Estratégico Decenal, con la participación de unos 3,000 actores de la sociedad, que ha generado 746 iniciativas para modernizar la infraestructura judicial y reducir la mora procesal.
En el ámbito internacional, Molina destacó el papel de la República Dominicana como Secretaría Pro Tempore de la XXII Cumbre Judicial Iberoamericana, que se celebrará en mayo en Santo Domingo, y como líder del Consejo Judicial Centroamericano y del Caribe, impulsando agendas comunes sobre justicia abierta y ética judicial.
El presidente de la SCJ aprovechó la oportunidad para hacer un llamado al Congreso Nacional en favor de la eliminación de las tasas judiciales, un obstáculo económico para el acceso a la justicia. Además, solicitó la aprobación de tres reformas clave: la Ley Orgánica del Poder Judicial, la Ley para la Optimización de los Procesos Judiciales, y la actualización de la Ley de Registro Inmobiliario.
Molina explicó que la Ley Orgánica mejorará la eficiencia, independencia y flexibilidad del sistema judicial; la Ley de Optimización de los Procesos Judiciales agilizará los trámites, beneficiando a los ciudadanos y reduciendo la litigiosidad innecesaria; y la actualización de la Ley de Registro Inmobiliario fortalecerá los procesos registrales y se adaptará mejor a las necesidades actuales.
Con el respaldo del Congreso, estas reformas impulsarán la sostenibilidad de la transformación judicial, que, según Molina, es esencial para garantizar la seguridad jurídica, atraer inversiones y promover el desarrollo económico del país.
