La Procuraduría General de la Nación solicitó a las alcaldías de todo el país tomar medidas urgentes para actualizar la estratificación socioeconómica de los inmuebles residenciales. Esta acción, enmarcada en sus funciones de control preventivo y seguimiento a la gestión pública, busca asegurar una adecuada implementación de las competencias descentralizadas en los territorios.
La Delegada para la Gestión y Gobernanza Territorial explicó que esta actualización es clave para garantizar que los subsidios a los servicios públicos domiciliarios se asignen de manera justa, siguiendo las metodologías definidas por el Gobierno Nacional y con apoyo técnico del Departamento Nacional de Planeación (DNP).
La entidad advirtió que, en varias regiones, la estratificación está desactualizada, lo que podría generar inequidades en el cobro de tarifas, errores en la distribución de recursos y dificultades en la planificación urbana.
A través de la Circular 008 de 2025, se instruyó a los alcaldes a calcular el costo anual del proceso de estratificación, someterlo a revisión del Comité Permanente de Estratificación y asegurarse de incluirlo en el presupuesto municipal, en colaboración con las empresas prestadoras de servicios públicos.
Además, la Procuraduría recordó a las autoridades locales que deben garantizar el funcionamiento continuo del Comité Permanente de Estratificación y exigir a las empresas la inclusión del número predial catastral o coordenadas geográficas en las facturas, en cumplimiento de las directrices de la Superintendencia de Servicios Públicos y utilizando la plataforma SIGESCO.
Por último, se estableció como plazo máximo el 5 de mayo de 2025 para que los municipios adopten oficialmente la nueva estratificación e informen sobre su divulgación.
