En una reciente intervención pública, el ministro de Justicia, Eduardo Arana, anunció la intención de su cartera de impulsar un proyecto de ley que obligue a los medios de comunicación a transmitir las actividades relacionadas con la lucha contra la criminalidad en los estados de emergencia. La propuesta contempla la creación de una “franja informativa” que, según Arana, sería una medida para asegurar que las acciones del Poder Ejecutivo en favor de la seguridad ciudadana lleguen a toda la población.
El ministro precisó que el proyecto de ley buscaría modificar la Ley de Radio y Televisión, estableciendo que durante los estados de emergencia los medios tengan la obligación de difundir las acciones ejecutadas por el Gobierno en la lucha contra el crimen organizado.
Este anuncio se produce en un contexto de intensificación de las operaciones de seguridad, luego de que el ministro de Salud, César Vásquez, hiciera un controversial pedido el pasado 28 de marzo. Durante su visita al hospital Sergio Bernales en Comas, Vásquez solicitó a los medios colaboración en la difusión de los operativos policiales, sugiriendo que la visibilidad de las detenciones podría disuadir a los delincuentes y presionar a los fiscales a no liberar a los capturados.
“Ayúdennos a difundir las capturas diarias. Si los delincuentes ven que estamos arrestando y desarticulando bandas todos los días, pensaran dos veces antes de delinquir”, expresó Vásquez.
Por otro lado, la presidenta Dina Boluarte, en un reciente "Cuarto de Guerra", instó al Congreso a aprobar una ley que defina el terrorismo urbano y criticó a los medios por no dar cobertura adecuada a las operaciones de seguridad del Gobierno. “Los peruanos ya derrotamos al terrorismo en el pasado y venceremos a estas bandas delincuenciales", afirmó Boluarte, señalando que los medios, al considerarse el cuarto poder, deberían ser más colaborativos en la difusión de los esfuerzos conjuntos del Ejecutivo, la Policía y las Fuerzas Armadas.
Sin embargo, su crítica a la prensa fue acompañada de un recordatorio de que los medios no son voceros oficiales del Gobierno.
Fuente: La República
