El Gobierno argentino, liderado por Javier Milei, anunció la eliminación de proyectos habitacionales en curso y la disolución de la Secretaría de Desarrollo Territorial, Hábitat y Vivienda, a través del Decreto 70/2025. Esta decisión implica que la gestión de programas como Casa Propia pasará a manos de la Secretaría de Obras Públicas, que tendrá la tarea de cerrar los proyectos actuales y transferirlos a las administraciones provinciales y municipales.
A pesar de que existen más de 30.000 viviendas finalizadas sin entregar y 133.000 en proceso de construcción, el Gobierno confirmó que no concluirá las obras ni distribuirá las unidades terminadas. La justificación oficial sostiene que la política habitacional debe ser una competencia de los gobiernos locales y del sector privado, reduciendo así la participación del Estado nacional.
El decreto se enmarca en una serie de recortes que afectan a fondos fiduciarios históricos como Procrear y el Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), que han sido disueltos o están en proceso de liquidación. Además, la Secretaría de Obras Públicas deberá realizar un relevamiento de terrenos disponibles y establecer acuerdos con provincias y actores privados para la transferencia de estos proyectos.
Los gremios del sector han manifestado su preocupación, advirtiendo que la medida podría derivar en el despido de alrededor de 500 empleados. Asimismo, se teme que la paralización de programas esenciales agrave la crisis habitacional que atraviesa el país, especialmente en zonas vulnerables donde los municipios y provincias carecen de recursos suficientes para asumir estas responsabilidades.
Esta decisión también se vincula con la política más amplia de Milei de reducir el gasto público y limitar el papel del Estado, promoviendo en su lugar la financiación de viviendas mediante créditos gestionados por bancos públicos y privados. Sin embargo, esta estrategia ha generado críticas debido a la creciente dificultad de acceso a créditos y alquileres, así como el aumento de asentamientos precarios en todo el territorio nacional.
En su primer año de gestión, el gobierno de Milei ha paralizado más de 100.000 obras públicas y suspendido alrededor de 1.800 convenios, lo que ha impactado negativamente en el empleo, con la pérdida de más de 170.000 puestos de trabajo directos y 400.000 indirectos en el sector de la construcción.
La decisión se produce en un contexto de tensión social creciente, marcado por protestas de organizaciones sociales y sindicatos que denuncian el impacto de estas políticas en la calidad de vida de la población más vulnerable.
