El Congreso de Chile aprobó este miércoles, por 110 votos a favor y 38 en contra, una reforma al sistema de pensiones, el cual fue implementado en 1981 bajo la dictadura de Augusto Pinochet y basado en la capitalización individual. Esta reforma es una de las principales promesas del presidente Gabriel Boric, quien logró sacar adelante una propuesta menos ambiciosa que la original, pero que mejora la situación de los pensionados actuales y futuros. Entre los cambios más significativos está la obligación de los empleadores de aportar a las pensiones de los trabajadores, después de cuatro décadas. Boric destacó que este paso es “un imperativo ético y un acto de justicia”.
La reforma, que ha sido debatida durante años, ha sido respaldada por una mayoría transversal en el Congreso, incluyendo tanto al oficialismo como a la coalición opositora Chile Vamos. Sin embargo, sectores de ultraderecha y de distintos espectros políticos se opusieron. La ministra del Trabajo, Jeannette Jara, destacó la importancia de que los trabajadores ya no cargarán solos con el ahorro previsional, mientras que el ministro de Hacienda, Mario Marcel, recordó que Chile ha tenido un sistema basado solo en la capitalización individual por décadas.
La reforma introduce una gradual alza en las cotizaciones, pasando del 10% actual al 17%, y una compensación para las mujeres, quienes históricamente han sido desfavorecidas en el sistema debido a sus responsabilidades de cuidados no remunerados. También incluye un aumento a la Pensión Garantizada Universal (PGU) y establece un sistema mixto de administración, permitiendo la competencia con las AFPs.
Este avance representa un triunfo para el gobierno de Boric, que después del revés en la aprobación de la nueva Constitución en 2022, ve en esta reforma uno de sus pocos logros significativos. Sin embargo, la reforma aún se encuentra distante de la propuesta original, que contemplaba una redistribución significativa de los fondos y la eliminación total de las AFPs. A pesar de estas concesiones, Boric considera que el proyecto representa un paso importante hacia la justicia social.
Aunque la reforma fue aprobada, ha recibido críticas de sectores tanto de izquierda como de derecha, quienes se oponen a ciertos aspectos del proyecto. Sin embargo, el gobierno ha logrado asegurar su implementación con la convicción de que contribuirá a una recuperación económica y un mejor financiamiento para los créditos hipotecarios en el futuro.
