En una entrevista emitida recientemente, Donald Trump, quien se prepara para asumir un segundo mandato como presidente de Estados Unidos, reafirmó su compromiso con la deportación masiva de migrantes indocumentados, pero también indicó que busca llegar a un acuerdo para proteger a los migrantes conocidos como "dreamers". Trump detalló que, al tomar posesión de la Casa Blanca el próximo 20 de enero, planea emitir órdenes ejecutivas para poner fin a la ciudadanía por nacimiento, que actualmente otorga la ciudadanía estadounidense a cualquier persona nacida en el país, sin importar el estatus migratorio de sus padres.
Trump, quien durante su primera presidencia promovió políticas estrictas de inmigración, declaró que buscaría declarar la migración indocumentada como una "emergencia nacional" y utilizar recursos federales para llevar a cabo una amplia represión. De acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, se estima que 11 millones de migrantes indocumentados residían en el país en 2022, cifra que probablemente ha aumentado.
Cuando se le preguntó si su plan incluía la deportación de todos los migrantes sin estatus legal, Trump respondió afirmativamente, aunque reconoció que el proceso sería complejo, dada la existencia de reglas y leyes que lo regulan. También expresó su deseo de llegar a un acuerdo para proteger a los migrantes que llegaron a Estados Unidos cuando eran niños, un tema que, según él, genera cierta disposición entre los republicanos.
Durante su mandato anterior (2017-2021), Trump intentó terminar con un programa que otorgaba alivio de deportación y permisos de trabajo a estos migrantes, conocido como DACA, aunque un fallo de la Corte Suprema detuvo sus esfuerzos.
La propuesta de Trump de eliminar la ciudadanía por nacimiento podría enfrentar obstáculos legales, dado que esta práctica está respaldada por la 14ª Enmienda de la Constitución y un fallo de la Corte Suprema de 1898.
En cuanto a los recursos necesarios para implementar su política migratoria, Tom Homan, quien sería el zar de fronteras de Trump, y Stephen Miller, su principal asesor, subrayaron la necesidad de un incremento significativo de fondos para la aplicación de las leyes migratorias. Según estimaciones de un grupo pro migración, deportar a todos los migrantes que llevan más de diez años en el país costaría aproximadamente 88 mil millones de dólares anuales.
Trump también abordó el tema de los implicados en el ataque al Capitolio del 6 de enero de 2021. Aseguró que actuaría rápidamente para indultar a sus partidarios acusados de participar en el asalto, que buscaba revertir los resultados de las elecciones de 2020. Aunque admitió que podrían haber excepciones si los acusados actuaron de manera particularmente violenta, Trump cuestionó la imparcialidad de los juicios y no descartó indultar a más de 900 personas ya declaradas culpables.
En el ámbito internacional, Trump pidió al presidente ruso, Vladimir Putin, que trabaje para alcanzar un alto al fuego en Ucrania, aunque subrayó que su intervención en el conflicto es parte de su rol como presidente electo. Trump también sugirió que podría reducir la ayuda militar a Ucrania y que contemplaría retirar a Estados Unidos de la OTAN, lo que ha generado inquietud tanto en Ucrania como en la alianza.
Finalmente, Trump evitó confirmar si había hablado con Putin desde su victoria electoral en noviembre, señalando que prefería no comentar para no interferir en las posibles negociaciones de paz.
Fuente: La Jornada