Guatemala
Este viernes 6 de diciembre, el Congreso de la República publicó en el Diario Oficial el decreto 21-2006, conocido como la Ley Contra la Delincuencia Organizada. La reforma introduce modificaciones al artículo 82 de esta legislación, enfocándose en la suspensión provisional de las inscripciones de las personas jurídicas.
La reforma, aprobada en un único debate y con carácter de urgencia nacional, incorpora un nuevo párrafo al artículo, que establece lo siguiente:
«Las disposiciones de este artículo no son aplicables a las personas jurídicas de derecho público, que están reguladas por normativas específicas o leyes de rango constitucional. Tampoco se aplican a las organizaciones políticas, las cuales, para efectos de suspensión y/o cancelación, están exclusivamente sujetas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos».
Este añadido aclara que cualquier medida relacionada con la suspensión o cancelación de una organización política debe regirse por la Ley Electoral y de Partidos Políticos, excluyendo su regulación bajo la Ley Contra la Delincuencia Organizada.
El jueves 5 de diciembre, los legisladores discutieron las objeciones presentadas contra la Ley Contra la Delincuencia Organizada, así como el Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado 2025 y las reformas a la Ley de la Policía Nacional Civil. A pesar de las objeciones del congresista Allan Rodríguez, de la bancada Vamos, que fueron rechazadas con 84 votos en contra y solo 5 a favor, las reformas fueron enviadas al Ejecutivo y posteriormente sancionadas por el presidente Bernardo Arévalo.
El abogado constitucionalista Edgar Ortiz indicó que, tras la publicación de la reforma, la Bancada Semilla podría impugnar la suspensión ante el juez séptimo. Ortiz señaló que este proceso «no debería» demorar demasiado, aunque el tribunal podría alargar la resolución del caso. En caso de que la suspensión se levante, el partido recuperaría su personalidad jurídica y sus diputados podrían reintegrarse a la Junta Directiva y retomar la presidencia de comisiones de trabajo en el Congreso.
Fuente: Prensa Libre
