Guatemala
Con la inminente elección de magistrados para las Cortes de Apelaciones, que comienza esta semana en el Legislativo, el presidente Bernardo Arévalo destacó la importancia de esta decisión, señalando que está en juego un enfrentamiento entre la justicia y la corrupción.
El mandatario instó a los legisladores a "votar con convicción y claridad por todo lo que implica el rescate de la justicia". En sus declaraciones, subrayó que aquellos que sugieren un "balance de fuerzas" entre justicia y corrupción carecen de una ética moral y no comprenden el profundo problema político que enfrenta el país. Arévalo pidió a los congresistas que elijan a quienes realmente puedan ofrecer a la población guatemalteca la posibilidad de recuperar un sistema de justicia limpio, objetivo y eficaz.
El presidente también abordó el proceso de integración de la nueva Corte Suprema de Justicia (CSJ), advirtiendo que la "minoría corrupta" que aún persiste ha tenido injerencia en este proceso. Arévalo enfatizó que ahora corresponde a la nueva Corte demostrar, a través de acciones concretas, su compromiso con el rescate de las instituciones de justicia y de la democracia. La asunción de los nuevos magistrados, programada para el 13 de octubre, representa una oportunidad histórica para transformar una Corte anteriormente corrompida en una que cumpla con su responsabilidad de restaurar la justicia.
La elección de los magistrados de las Cortes de Apelaciones, que se llevará a cabo mañana en el Congreso, implica un proceso complicado. Las negociaciones realizadas serán decisivas para determinar la fluidez del mismo. De un total de 312 candidatos enviados por la Comisión de Postulación, liderada por Raúl Arévalo, se deben seleccionar a 156 jueces que asumirán sus cargos el 13 de octubre.
A pesar de la complejidad, algunos diputados han revelado que existe consenso en torno a alrededor de un centenar de aspirantes, lo que sugiere que el Congreso podría avanzar rápidamente en la elección de varios magistrados. Sin embargo, las tensiones entre los distintos bloques parlamentarios continúan.
Samuel Pérez, de la bancada Semilla, comentó que ha sido un desafío construir acuerdos, dado el número elevado de postulados. "Hemos estado trabajando en consensos, pero es complicado manejar un solo listado como se intentó con la CSJ", añadió.
El Panel de Expertos Independientes (PEI-GT) ha desempeñado un papel crucial en la supervisión de este proceso electoral. Según Sidney Blanco, miembro del PEI-GT, el Congreso debe corregir cualquier error cometido por la Comisión de Postulación, que ha sido criticada por incluir candidatos con posibles conflictos de interés. Blanco subrayó que aún hay tiempo para excluir a aquellos que no cumplen con los criterios de independencia y idoneidad, asegurando así que los nuevos magistrados contribuyan a la mejora del sistema judicial.
María de los Ángeles Fuentes, directora de Guatemala Visible, advirtió que la votación anterior para la CSJ mostró las dinámicas de alianza en el Congreso, lo que podría repetirse en la elección de mañana. "Si no hay suficientes votos para cada candidato, podríamos enfrentar un estancamiento que retrasaría los plazos constitucionales", señaló.
La urgencia de elegir a las nuevas autoridades judiciales es innegable. La Corte Constitucional (CC) recientemente emitió una resolución enfatizando la importancia de respetar los plazos establecidos, lo que añade presión sobre los legisladores para llegar a acuerdos pronto.
Raquel Zelaya, directora de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asies), advirtió que el proceso de selección podría resultar más complicado que el de la CSJ, dada la gran cantidad de postulantes. "Espero que los diputados cuenten con suficiente información sobre los candidatos, aunque el tiempo para entrevistarlos es limitado", comentó, enfatizando la importancia de elegir a los más capacitados y sin antecedentes cuestionables.
Las investigaciones recientes del Ministerio Público también generan inquietud en torno a este proceso. Kevin López, analista de Asies, afirmó que, aunque estas investigaciones pueden ejercer presión sobre algunos parlamentarios, no deberían influir en la elección de magistrados. "Las pesquisas pueden generar tensión, pero no deben interferir con las decisiones del Congreso", añadió.
En relación a posibles recursos legales, Fuentes indicó que la reciente resolución de la CC deja claro que no se anticipan nuevos amparos que puedan alterar el curso de la votación. "Los aspirantes que consideraron que fueron afectados ya presentaron sus recursos, los cuales han sido resueltos conforme a la ley, lo que hace poco probable que surjan más en este sentido", concluyó.
Fuente: DCA
