Argentina
El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, está acelerando el proceso para poner en marcha la Justicia laboral en su jurisdicción, con el fin de alcanzar una "autonomía plena". Tras diseñar un proyecto inicial, Macri ahora se enfoca en intensificar las negociaciones para obtener el consenso político necesario para llevarlo a cabo.
Esta iniciativa genera un amplio espectro de intereses, involucrando a la Justicia nacional, el Gobierno central, los sindicatos y el sector privado. En este contexto, el gobierno local se encuentra optimista, asegurando que están "bien encaminados".
Hoy, Gabino Tapia, ministro de Justicia de la Ciudad y experto en derecho laboral, presentará los fundamentos del proyecto ante la Legislatura porteña. Lo respaldará Ezequiel Jarvis, secretario de Trabajo, quien ha estado encargado de la comunicación con los sindicatos desde la gestión de Horacio Rodríguez Larreta.
Desde principios de año, Tapia ha estado trabajando para conseguir apoyo legislativo, así como para evitar resistencias en la Justicia nacional y persuadir a empresarios sobre las ventajas que ofrecería la nueva jurisdicción laboral en comparación con el sistema nacional. Jarvis también ha mantenido diálogos con los sindicatos, algunos de los cuales son reacios al traspaso.
"La lentitud en la resolución de los procesos laborales en la Justicia Nacional del Trabajo, junto con las numerosas vacantes pendientes para designar jueces, afecta las expectativas de los ciudadanos que esperan años para ver resueltos sus reclamos laborales", sostiene Tapia en un documento presentado a la Legislatura.
Macri considera fundamental poner en marcha el fuero laboral en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para establecer un servicio de justicia más moderno y eficiente.
Tapia y Jarvis presentarán su caso hoy a las 14:00 en la Legislatura durante una audiencia informativa ante las comisiones de Asuntos Constitucionales, Legislación Laboral y Justicia. Desde la Ciudad, se muestran optimistas sobre la aprobación del proyecto por parte de los legisladores, aunque reconocen que enfrentan la oposición del Gobierno nacional para firmar un convenio de transferencia. También prevén resistencia de sectores de la Justicia nacional, agrupaciones de abogados y algunos sindicatos, lo que podría resultar en un conflicto judicial que llegue hasta la Corte Suprema.
A pesar de estos desafíos, el gobierno local está decidido a implementar el fuero laboral como una muestra de su voluntad para avanzar, a pesar de la reticencia del Gobierno central. Tapia y Jarvis han mantenido comunicación con funcionarios nacionales como Mariano Cúneo Libarona, Sebastián Amerio y Julio Cordero. Aunque coinciden en ciertos aspectos del tema, estos funcionarios defiende los intereses de la Casa Rosada y no están dispuestos a suscribir el acuerdo de traspaso.
Fuente: Infobae
