Gustavo Petro ante la controversia judicial: 'Quiero una justicia restaurativa'

Redacción

 
Colombia

En el marco del intenso debate sobre la interacción entre el Ejecutivo y el poder judicial en Colombia, el presidente Gustavo Petro ha reaccionado a las críticas del académico y escritor Mauricio García Villegas, quien en su columna publicada el 12 de octubre en El Espectador, titulada Petro y los jueces, abordó la desconexión entre las aspiraciones del pueblo y la jurisprudencia vigente.

García Villegas, experto en ciencia política, reflexionó sobre la discrepancia que existe entre las leyes promulgadas y su aplicación práctica, señalando que aunque se establecen normativas justas, a menudo estas se convierten en "letra muerta". Su crítica surgió tras el anuncio del Consejo Nacional Electoral (CNE) de imputar cargos al presidente Petro por presuntas irregularidades en la financiación de su campaña presidencial de 2022, lo que alimenta la percepción de una justicia ajena a la realidad social.

La situación escaló notablemente tras el anuncio del CNE, llevando a Petro a expresarse en diversas plataformas, incluidos discursos y redes sociales, donde calificó la decisión como el inicio de un "golpe de Estado". En su respuesta, publicada en su cuenta de X, el mandatario defendió su gestión y reafirmó su compromiso con la justicia: “He acatado todos los fallos de la justicia”, declaró, mientras subrayaba su intención de fortalecer el poder judicial y asegurar su independencia.

Petro también expresó su deseo de establecer un sistema de justicia restaurativa que priorice los derechos de las poblaciones vulnerables. "Quiero un sistema de justicia que acabe con la impunidad y no olvide que todos somos seres humanos", afirmó, destacando su esfuerzo por una fiscalía libre de politización y extorsión. “Solo espero de los jueces que sean justos y prioricen los derechos de la población más vulnerable”, agregó.

La respuesta del presidente no solo refleja su desacuerdo con García Villegas, sino que también ilustra la complejidad del rol del Ejecutivo en un sistema judicial que muchos consideran ineficiente y alejado de las necesidades del pueblo. El académico argumentó que la propuesta de Petro de elegir jueces popularmente, como se hace en México, podría amenazar el Estado de derecho y que tales medidas podrían agravar, en lugar de resolver, los problemas existentes.

García Villegas enfatizó que, aunque Petro identifica correctamente la desconexión entre el pueblo y los jueces, sus conclusiones pueden ser desafortunadas. Además, criticó el tono alarmista del presidente, quien advirtió que el pueblo no tolerará más el desconocimiento de su voto, lo que sugiere una creciente tensión entre el Ejecutivo y el Judicial.

El autor de obras como El país de las emociones tristes y La quinta puerta concluyó su análisis llamando a las Cortes a practicar la autocrítica, sugiriendo que su indiferencia hacia la crítica pública ha contribuido a la erosión de la confianza en el sistema judicial. La necesidad de abordar la conexión entre la voluntad popular y la acción judicial es un tema crucial que debe ser tratado con seriedad por todos los actores políticos.

Esta crítica se suma a otra realizada por el escritor Mario Mendoza en la revista Cambio, quien, en un artículo del 13 de octubre, compartió su viaje personal de expectativas a desilusión respecto a la gestión de Petro. Mendoza indicó que la inconsistencia del presidente ha sido una de las causas de su creciente desencanto.