España
El ambiente en las Cortes este lunes fue inusual, marcado por un giro inesperado en el proceso legislativo. El pleno destinado a ratificar la reforma legal que permitiría la excarcelación anticipada de presos de ETA culminó con el presidente del Senado, Pedro Rollán, del Partido Popular, enviando nuevamente el texto al Congreso. Esta maniobra busca retrasar su implementación tras la turbulencia interna reciente en la formación política y aliviar la presión sobre la Cámara alta, donde el PP cuenta con mayoría absoluta.
La sesión se centraba en el proyecto de ley aprobado por el Congreso el 18 de septiembre, que había obtenido el apoyo unánime de todos los partidos. Se esperaba que la norma se validara de manera definitiva y se publicara en el BOE sin problemas, dado que no se presentaron enmiendas ni vetos dentro del plazo establecido, que finalizó el 30 de septiembre. A pesar de la intención del PP, Vox y UPN de votar en contra, se daba por hecho que la reforma sería formalmente ratificada.
Sin embargo, tras la votación —con 148 votos en contra (PP, Vox y UPN), 111 a favor y dos abstenciones—, Rollán anunció que el texto regresaría al Congreso. Justificó su decisión argumentando que el rechazo por mayoría absoluta del Senado podría considerarse un "veto", a pesar de no haberse presentado formalmente. Este anuncio generó una gran conmoción en el hemiciclo, con aplausos de los senadores de la derecha y demandas de explicaciones por parte de otros grupos.
Rollán citó un informe de los letrados del Senado, redactado el 11 de octubre y que permaneció oculto hasta la sesión, que respaldaba su posición. La secretaria general del Senado indicaba que, dado el carácter inédito del rechazo sin veto ni enmiendas, el texto debía considerarse devuelto al Congreso, apoyándose en una sentencia del Tribunal Constitucional de 2002 que subraya la necesidad de un veto formal aprobado por mayoría absoluta.
El informe recuerda un caso similar de 1995, donde el Senado rechazó una proposición de ley sin presentar veto ni enmiendas, lo que resultó en un recurso de inconstitucionalidad que reafirmó la aprobación del texto por la Cámara baja. Sin embargo, en este caso, la reforma fue efectivamente rechazada por mayoría absoluta en el Senado, lo que llevó a la letrada a argumentar que el rechazo justifica el retorno del texto al Congreso.
El PSOE cuestiona esta interpretación, señalando que el Reglamento exige que las enmiendas y vetos sean presentados por escrito, algo que no ocurrió. El portavoz socialista, Juan Espadas, criticó la acción de Rollán como un intento de generar un conflicto jurídico con el Congreso.
La respuesta de la Mesa del Congreso, donde el Gobierno tiene mayoría, aún está pendiente. Rollán presentó su decisión por escrito en la tarde del lunes, y se prevé que la deliberación sobre el asunto pueda extenderse hasta el próximo martes.
La sesión estaba destinada a ser un mero trámite de convalidación, pero el anuncio de Rollán llevó a un intenso intercambio de acusaciones. El PP, Vox y UPN acusaron al PSOE de haber promovido la reforma en complicidad con EH Bildu, mientras que los partidos que apoyaron la norma, incluido el PSOE, acusaron a la derecha de ser consciente de las repercusiones de su voto el mes pasado.
La senadora del PP Marimar Blanco, hermana de Miguel Ángel Blanco, víctima de ETA, defendió con fervor el rechazo a la reforma, interpelando a los socialistas sobre su defensa de los derechos de los presos de ETA. Las palabras de Blanco recibieron aplausos de los senadores del PP, mientras la senadora socialista Elena Diego respondía con un llamado a la responsabilidad y el respeto por las víctimas.
El senador de EH Bildu, Gorka Elejabarrieta, defendió la reforma legal como un reconocimiento de los derechos de todos los presos, argumentando que la política del rencor debía terminar. Por su parte, Vox instó a los populares a usar su mayoría para suspender el pleno y abrir un nuevo período de enmiendas, lo que provocó el descontento de los senadores del PP. La senadora Paloma Gómez, de Vox, enfatizó que su partido no apoyaría la excarcelación de criminales y terroristas de ETA.
Fuente: El País
