Un tribunal federal ha ordenado la suspensión de la publicación de la reforma judicial en el Diario Oficial de la Federación (DOF), impidiendo así que el decreto se haga oficial. Esta decisión, tomada por un Tribunal Colegiado del Trigésimo Segundo Circuito con sede en Colima, surge tras una queja presentada por la Fundación Iris en Promoción y Defensa de los Derechos Humanos A.C., que denunció el incumplimiento de una suspensión anterior por parte de varias autoridades.
La resolución del tribunal implica que el decreto no será publicado en el DOF hasta que se resuelvan las impugnaciones en curso. La sentencia establece: “En caso de que el procedimiento de reforma constitucional impugnado se apruebe por las autoridades responsables, el decreto respectivo no se publicará en el Diario Oficial de la Federación.”
Desde el 5 de septiembre, un juez federal había impuesto una cuarta suspensión provisional que prohíbe al Congreso de la Unión votar y aprobar la reforma propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador. El juez Francisco Javier García Contreras, del Juzgado Segundo de Distrito en Colima, concedió esta suspensión definitiva en respuesta a una demanda de amparo presentada por la Fundación Iris. La demanda argumenta que la reforma judicial infringiría la Constitución y las normas internacionales sobre autonomía e independencia judicial.
El juez ordenó que la reforma no sea discutida ni aprobada en el Congreso de la Unión, ni enviada a los congresos locales.
La audiencia para definir si se concede una suspensión definitiva había sido programada inicialmente para el 12 de septiembre. Sin embargo, debido a la falta de respuesta de algunas autoridades, la audiencia se ha pospuesto hasta el 11 de octubre.
La primera suspensión contra la reforma judicial fue concedida el 31 de agosto por la jueza Martha Magaña López, quien otorgó una suspensión provisional que luego se convirtió en definitiva. El mismo día, el juez Felipe Consuelo Soto, del juzgado Tercero de Distrito de Amparos y Juicios Federales en Chiapas, emitió una segunda suspensión para evitar que la reforma fuera enviada a los congresos estatales, necesarios para su aprobación final.
El 3 de septiembre, la jueza Magaña López emitió una tercera suspensión provisional, deteniendo temporalmente la votación y aprobación del dictamen en la Cámara de Diputados.
La decisión de suspender la reforma judicial refleja la importancia y controversia de esta iniciativa, que continúa siendo objeto de debate y litigio en el sistema judicial mexicano.
