El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, instó a las autoridades a seleccionar magistrados que estén libres de corrupción para el sistema judicial del país, que ha sido objeto de señalamientos por estar controlado por “intereses corruptos”, según sus palabras.
Una comisión compuesta por académicos, jueces y representantes del gremio de abogados debe presentar al Congreso una lista de candidatos para cubrir los 13 puestos de la Corte Suprema de Justicia y casi 300 jueces de tribunales de apelación. Los magistrados seleccionados deberán asumir sus cargos antes del 13 de octubre.
Durante una conferencia de prensa, Arévalo solicitó a los comisionados que evalúen cuidadosamente la experiencia y trayectoria de los aspirantes, verificando que cumplan con los criterios de idoneidad, capacidad y honradez establecidos por la Constitución. Enfatizó que entre los candidatos hay varios que han sido sancionados por Estados Unidos y la Unión Europea debido a presuntos vínculos con la corrupción.
El mandatario también subrayó que el proceso de selección debe reflejar el fuerte deseo de la población por un cambio profundo en el sistema judicial, advirtiendo sobre el peligro de permitir que la corrupción continúe capturando a las instituciones de justicia.
Uno de los aspirantes es el fiscal Rafael Curruchiche, criticado por su papel en las investigaciones que casi impidieron la transición presidencial tras las elecciones de 2023. Curruchiche, junto con la fiscal general Consuelo Porras, ha sido sancionado por Washington y la UE bajo acusaciones de corrupción y prácticas antidemocráticas.
Arévalo destacó que Guatemala se encuentra en un momento crucial para el futuro de su sistema judicial y exhortó a la población a mantenerse vigilante sobre el proceso de selección.
Por otro lado, la Organización de Estados Americanos (OEA) debe presentar un informe preliminar sobre su misión de observación, iniciada en julio, para evaluar el proceso. Expertos internacionales ya han expresado su preocupación por posibles “negociaciones paralelas” que buscan influir en la selección de ciertos candidatos con vínculos político-económicos.
