El Congreso enfrenta una avalancha de propuestas de reforma al sistema de salud, y el único consenso entre los sectores políticos es la necesidad de modernizar un sistema que ha estado en funcionamiento durante 30 años. Esta situación ha exacerbado las tensiones en el Gobierno de Gustavo Petro, convirtiendo la reforma a la salud en uno de los temas más controvertidos.
Para esta legislatura, se anticipa la llegada de al menos cuatro propuestas de reforma a la salud. Dos de ellas ya han sido presentadas formalmente, mientras que las otras están en proceso de elaboración. Cada una de estas reformas será debatida en diferentes comisiones, y aún no está claro cómo se manejará su coincidencia en las plenarias.
Los defensores de la reforma a la salud propuesta por el Gobierno creen que la llegada de múltiples propuestas con objetivos similares podría facilitar un acuerdo nacional. Sin embargo, el riesgo es que el Congreso se vea abrumado por la cantidad de proyectos que buscan el mismo objetivo pero por vías distintas.
Uno de los textos ya presentados mantiene el funcionamiento de las EPS, asignándoles tareas específicas, estableciendo un pago variable de la UPC según la región, y condicionando este pago a los resultados en salud de las entidades prestadoras.
“Para lograr una reforma integral de un derecho fundamental como es el derecho a la salud, debe tramitarse mediante una ley estatutaria”, señaló uno de los promotores.
La otra reforma ya radicada proviene de la bancada independiente, que incluye a miembros de la Alianza Verde, Dignidad, Nuevo Liberalismo y Verde Oxígeno. Este proyecto, denominado “Acuerdos Fundamentales”, es una ley ordinaria que se basa en el trabajo de 21 organizaciones médicas que colaboraron durante dos años. Según la representante Julia Miranda, la propuesta transforma a las EPS en gestoras de salud con responsabilidades ampliadas, incluyendo la coordinación de redes integradas, la auditoría de servicios médicos y la autorización de pagos a las IPS.
Este proyecto prevé que las gestoras asuman la responsabilidad de la salud de los pacientes desde la atención primaria hasta el cuarto nivel de complejidad, sin recibir directamente los recursos.
Por otro lado, aunque los ocho senadores que contribuyeron a hundir la reforma gubernamental son los encargados de su desarrollo, algunos han guardado silencio sobre el asunto. El documento está casi finalizado y se espera que pase por la Comisión Séptima.
La senadora Lorena Ríos Cuéllar enfatizó la importancia de debatir las “líneas rojas” para lograr un consenso que incluya a todos los actores del sistema, no solo a las EPS. “Es crucial que el Gobierno escuche estas líneas rojas, ya que esto permitirá avanzar hacia un consenso que incorpore las perspectivas de todos los involucrados”, destacó.
El momento crítico llegará cuando se presente la reforma con mensaje de urgencia del presidente Gustavo Petro, lo que podría alterar significativamente el ya congestionado proceso legislativo.
Fuente: Semana
