El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado una reestructuración significativa del Consejo de Política Exterior y del Gabinete de Presidencia con el objetivo de adaptar estas entidades a la estructura actual del Gobierno y preparar la Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo de la ONU, que se celebrará en España en 2025, según el Boletín Oficial del Estado (BOE).
El Real Decreto, ratificado por el Rey Felipe VI a propuesta de Sánchez, establece que el jefe del Ejecutivo será el encargado de dirigir la acción del Gobierno y coordinar las funciones de sus miembros. Para cumplir con estos objetivos, se ha ajustado el Consejo de Política Exterior a la "estructura actual" de la Presidencia del Gobierno, y se han ampliado las responsabilidades del Gabinete de Presidencia en el ámbito de las relaciones internacionales.
El decreto señala: "Con el propósito de fortalecer la función del Consejo de Política Exterior, un órgano colegiado que brinda apoyo y asesoramiento al Presidente en la dirección y coordinación de la política exterior, se modifica el Real Decreto 1412/2000, de 21 de julio, para adaptarlo a la estructura vigente de la Presidencia del Gobierno."
Además, se modificará la estructura del Gabinete de la Presidencia para incorporar una Oficina encargada de la preparación y organización de la Cuarta Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo de la ONU, que tendrá lugar del 30 de junio al 3 de julio de 2025 en Sevilla.
La publicación en el BOE, que ha entrado en vigor inmediatamente, se produce un día después de que Sánchez revelara que Sevilla será la sede de la próxima Conferencia Internacional. En julio de 2025, la ciudad andaluza será la cuarta en albergar este importante evento.
"Sevilla no solo será la capital de Andalucía, sino también del mundo en 2025", destacó Sánchez durante su intervención en el Pleno del Congreso, donde presentó las decisiones tomadas en los Consejos Europeos de los días 17 y 27 de junio y expuso las líneas generales de su plan de regeneración democrática.
Fuente: El Economista
