El presidente Biden ha emitido una orden ejecutiva que le otorga la autoridad para cerrar la frontera con México entre los puertos de entrada oficiales cuando los cruces se disparan, con pocas excepciones. Esta medida, efectiva de inmediato, tiene como objetivo dificultar los intentos de quienes cruzan ilegalmente de solicitar asilo en Estados Unidos.
Según la nueva normativa provisional emitida por la administración Biden, el cierre de la frontera será activado cuando el promedio de arrestos fronterizos supere los 2.500 migrantes durante siete días consecutivos, un umbral que se alcanza en la actualidad. Además, se ha elevado el estándar para la solicitud de asilo en la frontera, exigiendo una probabilidad razonable de enfrentar tortura en su país de origen.
Las restricciones serán levantadas dos semanas después de que el número de cruces detenidos en la frontera caiga por debajo de 1.500 durante más de una semana. Sin embargo, los datos históricos muestran que durante la mayor parte de los últimos nueve años, las detenciones fronterizas no han disminuido a ese nivel.
Estas medidas están diseñadas para aumentar significativamente las consecuencias para quienes crucen ilegalmente y agilizar el proceso de expulsión para aquellos que no tienen una base legal para permanecer en Estados Unidos, según altos funcionarios de la administración que prefirieron mantener el anonimato al informar a los periodistas.
Es importante destacar que estas restricciones no se aplicarán a quienes ingresen por los puertos de entrada oficiales o utilicen medios legales alternativos, como una aplicación móvil para solicitar una cita. Además, ciertos grupos, como los niños no acompañados y las víctimas de trata, estarán exentos de estas medidas.
Aunque la administración ha sido criticada tanto por la derecha como por la izquierda, los funcionarios defienden estas acciones como esenciales para asegurar la frontera. Argumentan que ya han devuelto a más inmigrantes en los últimos 12 meses que en cualquier año desde 2010. Sin embargo, culpan a los republicanos por el fracaso del Congreso en aprobar un proyecto de ley bipartidista que habría proporcionado más fondos y autoridad para controlar la frontera.
Si bien México ha acordado recibir inmigrantes de varios países latinoamericanos, la administración enfrenta un aumento de llegadas de otros continentes, incluida Asia. Los funcionarios afirman estar trabajando en fortalecer los acuerdos para llevar a cabo repatriaciones a otros países, aunque reconocen que esto sigue siendo un desafío.
Esta acción ejecutiva probablemente enfrentará desafíos legales, ya que se basa en la sección 212(f) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, que permite al presidente suspender la entrada de individuos o clases de migrantes si es de interés nacional. La Unión Estadounidense de Libertades Civiles ya ha anunciado planes para impugnar la orden ejecutiva en los tribunales.
La inmigración sigue siendo un tema complejo y polémico para la administración Biden, tanto en términos prácticos como políticos. Aunque Biden buscó revertir las políticas y retórica más duras de Trump, los cruces fronterizos y los arrestos han aumentado desde que asumió el cargo.
Fuente: Los Ángeles Times
