Internacional
El ex presidente de Colombia, Álvaro Uribe, fue denunciado ante un tribunal argentino por su presunta responsabilidad en más de 6 mil ejecuciones y desapariciones forzadas de civiles cometidas entre 2002 y 2008, bajo su gobierno.
El popular caso conocido como "falsos positivos", dio este resultado reuniones de familiares de las víctimas y organizaciones de derechos humanos querellantes con el juez federal de Buenos Aires, Sebastián Ramos, quien solicitó tiempo para analizar la denuncia y decidir si abre una investigación penal
La abogada colombiana Daniela Rodríguez Sanabria dijo a la agencia AFP que Argentina reconoce el principio de "jurisdicción universal", que establece la competencia judicial de los Estados en casos de lesa humanidad sin importar el escenario de los crímenes ni la nacionalidad de los acusados.
El propio juez Ramos abrió en julio una investigación por una denuncia de delitos de lesa humanidad contra jefes de la Guardia Nacional Bolivariana de Venezuela por las muertes que dejó la represión de las manifestaciones opositoras de 2014.
Los querellantes contra Uribe incluyen a familiares de cuatro de un total de 6 mil 112 muertos que las fuerzas militares registraron hasta 2008 bajo la presidencia de Uribe, quien gobernó entre 2002 y 2010, como "bajas en combate".
La denuncia fue acompañada por el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, el Colectivo de Abogados y Abogadas José Alvear Restrepo y la Corporación Jurídica Libertad, las tres organizaciones de Colombia.
"(El caso fue presentado en Argentina) porque en el país aplica la jurisdicción universal pero también porque compartimos un pasado de atrocidades y creímos que podría haber mayor sensibilidad frente a esta búsqueda de justicia", dijo Rodríguez Sanabria.
"Estamos esperanzados en una investigación seria, ágil e imparcial, de la que no tuvimos en Colombia", añadió la abogada, y aseguró que las pruebas presentadas "demuestran el conocimiento de los hechos del ex presidente Uribe".
Los hechos ya están registrados por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el mecanismo creado por los acuerdos de paz de 2016 entre el Estado colombiano y la guerrilla FARC, pero sin competencia para juzgar presidentes y expresidentes.
"Creemos que la justicia argentina va a responder. Tenemos expectativas. En Colombia, no hay paz por la corrupción de jueces que han sido amigos de Uribe", dijo a la AFP Bertina Badillo Herazo, familiar de una de las víctimas incluidas en la denuncia.
Fuente: Milenio
