República Dominicana defiende sus intereses ante la construcción de Canal en Haití y cierre de frontera

Redacción


 República Dominicana

La paralización definitiva del canal en construcción en territorio haitiano sobre el afluente del río Masacre o Dajabón es la condición establecida por el Gobierno dominicano para levantar las medidas tomadas el pasado viernes, y que incluyen el cierre total de la frontera entre República Dominicana y Haití.

Así lo afirmó anoche el presidente Luis Abinader, en un mensaje dirigido al país en torno al conflicto generado por la obra hídrica que auspicia un grupo de ciudadanos haitianos desde el año 2018.

En el año 2021 se trató de llegar a un acuerdo a través de una la Comisión Mixta Bilateral, en la que las autoridades dominicanas señalaron la "falta de transparencia" en las intenciones expresadas por la parte haitiana.

"Las medidas estarán en vigor hasta tanto consigamos la paralización definitiva del canal en construcción", expresó en su alocución de ocho minutos.

El jefe de Estado reiteró los argumentos de su gobierno para tomar estas medidas, que también disponen la suspensión de entrega de visados y prohibición de la entrada al país de los promotores del proyecto, al señalar que con esta obra se establece una "franca violación de los tratados fronterizos entre ambos países", ante la que "no atendieron nuestros legítimos reclamos de parar de forma inmediata la construcción".

Destacó que el Tratado de Paz, Amistad y Arbitraje de 1929 indica en su artículo 10 que en los ríos y otros cursos de agua que nacen en el territorio de un Estado y corren por el territorio de otro, o sirven de límites entre los dos Estados, ambas partes se comprometen a no hacer ni consentir ninguna obra susceptible de mudar la corriente de aquellas o de alterar el producto de sus fuentes.

"Precisamente eso es lo que están haciendo algunos particulares haitianos", dijo de quienes también definió como "incontrolables".

"Si hay incontrolables en Haití, les aseguro que no serán incontrolables para los intereses del gobierno dominicano", enfatizó.

Sostuvo que frente a un conflicto que "traspasa los propios límites del país vecino", y que afecta "de forma directa a nuestros intereses y nuestros legítimos derechos", se ha hecho necesaria una "respuesta contundente en legítima defensa contra los grupos incontrolables que no obedecen al orden constitucional haitiano ni reconocen los acuerdos bilaterales que rigen las relaciones fronterizas".

Además, recalcó que la desviación del río "perjudica unas 14 mil tareas de terreno cultivable en territorio dominicano y unas 10 mil tareas en territorio haitiano que benefician a 266 agricultores dominicanos y 125 agricultores haitianos".

"También podría causar un daño ecológico al vital ecosistema lacustre de agua dulce de Laguna Saladilla, uno de los humedales más importantes en República Dominicana", señaló.

Fuente: Diario Libre