Brasil
Se agrava el misterio en torno al acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur bloqueado por las nuevas exigencias medioambientales planteadas por los países del viejo continente en una carta presentada a Brasil en marzo, condiciones ya calificadas por Lula como “una amenaza”. El principal bloque comercial de Sudamérica, creado hace 32 años, está formado por cuatro países miembros, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, y siete asociados, es decir Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú y Surinam. La semana pasada, el Ministro de Asuntos Exteriores de Brasil, Mauro Vieira, declaró públicamente que “el Mercosur ha enviado a la UE una respuesta a las demandas europeas” pidiendo que la UE sea “más flexible” sobre las posibles sanciones que podrían imponerse a los países sudamericanos en caso de que no cumplan plenamente las normas europeas sobre la deforestación.
Sin embargo, estas declaraciones provocaron el desconcierto diplomático de Paraguay y Uruguay, que negaron haber presentado cualquier documento escrito. Según la prensa brasileña, los diplomáticos europeos también afirmaron que no se había recibido ninguna contrapropuesta “consolidada”. En Paraguay hubo un cambio de gobierno en agosto con la asunción del nuevo presidente Santiago Peña del Partido Colorado, mientras que Uruguay diverge de las posiciones de Lula que asumió la presidencia del bloque en julio pasado durante la cumbre del grupo en Puerto Iguazú, Argentina. En la reunión, Uruguay no firmó el comunicado final pero presentó un documento propio en el que insiste en la modernización del bloque y “la formación de una zona de libre comercio” para que cada miembro pueda cerrar acuerdos comerciales bilaterales sin necesidad del consentimiento del resto de los países del bloque.
En cuanto al acuerdo con la Unión Europea fue firmado en 2019 por el gobierno del ex presidente Jair Messias Bolsonaro y nunca fue ratificado porque los europeos habían exigido garantías ambientales adicionales debido a la aceleración de la deforestación en la Amazonía. Sin embargo, incluso con la victoria de Lula respaldada por casi todos los gobiernos europeos, esas condiciones no fueron levantadas.
Europa pide a Brasil que haga más para proteger la Amazonia y otras áreas naturales del país, por lo que quiere que el texto final explicite medidas de protección medioambiental a las que Brasil se opone, como el nuevo objetivo provisional de deforestación que Brasil, según las intenciones de los europeos, debe alcanzar en 2025. Según el texto principal, tanto Europa como Mercosur se comprometen a “detener y revisar la pérdida de bosques y la degradación de la tierra hasta 2030 y, al mismo tiempo, proporcionar un desarrollo sostenible y una transformación rural inclusiva. Para esto, la UE y el Mercosur establecerán un objetivo provisional de reducción de la deforestación en al menos un 50% respecto a los niveles actuales hasta 2025″. Lula también quiere revisar un punto ya decidido en el acuerdo firmado por su predecesor Jair Bolsonaro. Se trata de la cláusula según la cual las empresas de la UE pueden participar en licitaciones en Brasil y viceversa.
En definitiva, más allá de que Brasil esté a la cabeza del bloque en estos meses, Lula está actuando solo, según las diplomacias de los demás países, dado que el acuerdo con la Unión Europea había sido uno de los mantras de su campaña electoral del año pasado “para favorecer la reindustrialización de Brasil y Argentina”, había declarado muchas veces. Cuando ganó derrotando a Bolsonaro, la Unión Europea a través de su representante en Brasil Ignacio Ybánez había expresado su esperanza de poner fin a unas negociaciones que llevaban más de 20 años. “Lula ha indicado que en el campo climático y en la lucha contra la deforestación estará del mismo lado que nosotros, lo que sin duda allana el camino para avanzar en el acuerdo”, dijo entonces a EFE el embajador de la UE.
Lula ha seguido repitiendo en los últimos meses que quiere cerrar el acuerdo antes de finales de año, pero su tono se ha vuelto cada vez más duro. Pese a los desmentidos de Paraguay y Uruguay, hace dos días, al término del G-20 en la India, Lula impuso su ultimátum. “En los próximos meses hay que llegar a un acuerdo: o sí o no. Y dejaremos de discutir porque, después de 22 años, ya nadie cree en la posibilidad de una aprobación”, dijo, añadiendo: “Mientras sea presidente del Mercosur, tengo la intención de concluir el acuerdo”. Por eso llamó a una negociación política. “Siempre digo que cuando queremos encontrar una solución a un acuerdo, no enviamos un emisario. Vamos allí personalmente. La UE tiene sus negociadores comerciales. Pero los verdaderos negociadores son los gobiernos. Quiero sentarme personalmente con Macron, con el primer ministro alemán, Olaf Scholz, para decidir las cosas”, aseveró el presidente de Brasil.
Fue durante el G20 cuando Lula se reunió con varios líderes europeos, entre ellos la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente francés, Emmanuel Macron. Según la prensa brasileña, durante la reunión bilateral le dijo a Macron que las exigencias europeas eran “ofensivas” e “inaceptables”. A su vez, el presidente francés ya había señalado en una reunión previa que en Francia el acuerdo sólo se aprobaría en la Asamblea Nacional con un amplio apoyo de los partidos de derecha y extrema derecha, algo considerado poco probable por el momento.
De hecho Europa teme la competición de los países del Mercosur, que son grandes exportadores de commodities agrícolas a precios mucho más bajos que los europeos. Entre los países que más obstáculos ponen actualmente se encuentran Francia e Irlanda, que temen por la subsistencia de su agricultura local y defienden posiciones más proteccionistas dentro del acuerdo. Por último, existe el temor de que una liberalización comercial de esta envergadura exporte a Europa el problema de los derechos laborales, precarios en muchos países latinoamericanos.
“La esperanza se ha desinflado como un balón”, afirmó el eurodiputado austriaco y presidente del Partido Verde Europeo, Thomas Waitz, tras una reciente visita a Brasil. Según él, los comentarios de Lula sobre la invasión rusa de Ucrania, en los que culpaba a ambos lados de la guerra, contribuyeron al desencanto de los europeos. “Esto causó mucha decepción y redujo el entusiasmo y las esperanzas de una rápida finalización del acuerdo con Mercosur”, afirmó Waitz. Ya se han programado dos reuniones en Brasilia, mañana y el 21 de septiembre, esta última directamente con los negociadores europeos pero nadie puede hacer previsiones sobre el desarrollo del diálogo.
Mientras tanto, también ha entrado en el debate la ministra de Medio Ambiente, Marina Silva, para quien los nuevos objetivos medioambientales exigidos por la Unión Europea no tienen en cuenta la mejora de los datos sobre deforestación de la Amazonia en el tercer mandato de Lula. “Parece que los gobiernos de la UE siguen tratando al gobierno del presidente Lula, desde este punto de vista, como si fuera el gobierno Bolsonaro. Pero ahora tenemos un gobierno que tiene logros ambientales muy relevantes y está comprometido con la plena aplicación del Acuerdo de París”, dijo la ministra.
A la espera de los datos del Prodes (Proyecto de Monitoreo Satelital de la Deforestación de la Amazonia Legal) utilizados como referencia nacional e internacional, los datos del sistema de detección de la deforestación en tiempo real (DETER) del Instituto Brasileño de Investigaciones Espaciales (INPE), revelarán que en el primer semestre de 2023 las alertas de deforestación disminuirán un 33%. DETER, cabe recordar, fue creado para permitir acciones policiales más rápidas y combatir los delitos ambientales. Por este motivo, las zonas indicadas en el programa suelen estar asociadas a simples alertas de deforestación. Esta diferencia de métodos explicaría la significativa discrepancia con los datos del sistema BDQueimadas del INPE sobre los incendios en Amazonia. Sólo en el estado de Amazonas se registraron 3.925 incendios en los diez primeros días de septiembre, la peor cifra desde 2021, hasta el punto de que el gobernador Wilson Lima declaró el estado de emergencia ambiental durante 90 días.
La noticia llegó en un momento crítico para la imagen de transparencia del gobierno de Lula. El martes, el Ministerio de Justicia dio misteriosamente un paso atrás en el escándalo de corrupción de la multinacional brasileña Odebrecht en la operación Lava Jato. Admitió así que existía cooperación jurídica entre los magistrados que investigaban el caso y Suiza. Una admisión que echa por tierra la reciente decisión del juez del Supremo Tribunal Federal (STF) Dias Toffoli, quien, apelando a la supuesta falta de esa cooperación jurídica, había decidido la semana pasada anular todas las pruebas aportadas por la constructora Odebrecht en su acuerdo con los jueces del Lava Jato.
Fuente: Infobae
