”Si hackearon la Sedena, cuánto más pueden afectar una oficina de Cultura”, dice María Marván, comisionada presidenta fundadora del entonces Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI), sobre la filtración de datos de la plataforma Telar para fines criminales; la especialista lo afirma, sabiendo que el caso no tiene que ver propiamente con un ciberataque. La Secretaría de Cultura (SC) también dice que no es un ciberataque.
Esa dependencia, abunda Marván, debió pedir una evaluación al INAI sobre la base de datos que hay en el Registro Nacional de Agentes Culturales Telar.
Más allá de crear redes de colaboración entre las 26 mil 800 personas inscritas, explica Erandi Fajardo, presidenta del Consejo Nacional de Danza México, la información se ha utilizado por defraudadores, a través de WhatsApp y llamadas telefónicas, en al menos 100 casos contra profesionales de la danza. El 27 de junio, el Consejo denunció que los fraudes e intentos de fraude datan de 2020 y le solicitaron a Alejandra Frausto la protección de los datos personales de quienes están registrados en la plataforma.
“Los datos que se publicaban eran con el consentimiento del usuario, estaba incluido un apartado en donde aceptaban, o no, que sus datos fueran públicos”, dice Manuel Zepeda, vocero de la SC. Sin embargo, Marván precisa que “las instituciones públicas o privadas que manejan bases de datos personales están obligadas a hacer una evaluación de riesgos para evitar que alguien que no está autorizado vea dichos datos. Hay que ver cuáles de esos datos son efectivamente personales”.
Hubo un descuido de la institución, continúa la especialista, y tendría que revisarse quién es el encargado de la base de datos y por qué estaba abierta; deslindar responsabilidades “administrativas y que incluso pueden ser penales”, afirma.
Fuente: El Universal
